Torreón, Coahuila. A 21 de abril de 2024.
Como seguimiento a la implementación del Sistema de Justicia Cívica que opera en Torreón desde 2023, personal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) México, realizó una visita de inspección al Tribunal Municipal, con la que concluye el acompañamiento del organismo al haberse cumplido satisfactoriamente los lineamientos.
Martha Esther Rodríguez Romero, presidenta del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, indicó que el acompañamiento por parte del organismo internacional ha sido permanente, desde la preparación para adoptar el modelo de justicia desde 2022, hasta esta semana que se concluye con un reconocimiento por parte de la USAID.
“Somos un municipio pionero en implementar el Sistema Homologado de Justicia Cívica, hemos trabajado con la asesoría de la USAID en este reto y ahora con su visita recibimos el respaldo y reconocimiento por las acciones concretadas como es la vinculación con organismos de la sociedad civil “, expresó la titular.
La funcionaria informó que por parte del Tribunal de Justicia Municipal, se entregó un reconocimiento a Héctor Armando Alvear Alvarado, coordinador regional del Programa de Prevención y Reducción de la Violencia (PREVI), por brindar la asistencia y capacitación al personal del TJM.
Mencionó que en esta ocasión personal de la USAID sostuvo un encuentro con los representantes de todas las asociaciones que integran el catálogo de justicia cívica, para intercambiar experiencias en la práctica, y se hizo un recorrido por el Tribunal de Justicia Municipal, así como por las que serán las nuevas instalaciones del Centro de Justicia.
Entre las acciones que se ejecutaron para la formalización del Sistema Homologado de Justicia Cívica, está la instalación de las salas orales, la vinculación con empresas, asociaciones y organismos de la sociedad civil para la canalización de los infractores, así como la capacitación del personal y el fortalecimiento a los derechos humanos con las reglas Mandela y Bangkok.
En cuanto al tratamiento de los detenidos, se garantiza el enfoque humanitario y de dignificación, a la par de brindar las alternativas para evitar la reincidencia en las faltas administrativas y de promover la prevención del delito.
